Editorial: Respuestas integrales para personas migrantes y refugiadas, una necesidad inaplazable

A través de la historia, millones de personas han salido de sus países de origen, ya sea migrando con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida, o siendo forzadas a abandonar sus hogares para escapar de conflictos y persecuciones. Las cifras de personas que se encuentran en movilidad humana actualmente son más altas que en cualquier otro momento de la historia, un reflejo de que las situaciones que hacen que las personas dejen sus países persisten a nivel global y requieren respuestas integrales de la sociedad en su conjunto.

Los sucesos recientes en Ciudad Juárez, México, donde más de 39 personas que se encontraban en tránsito, incluyendo 6 hondureños, murieron en detención migratoria, muestran la necesidad e importancia de fortalecer los sistemas de respuesta de los Estados, garantizar los derechos de las personas refugiadas y migrantes, y buscar soluciones duraderas a la situación migratoria de la región. Los flujos mixtos en México y Centroamérica representan un desafío complejo y multidimensional que requiere de una respuesta integral y compromiso de todos los actores de la región involucrados.

Es crucial abordar las causas estructurales del desplazamiento en los países de origen, promoviendo los derechos humanos, la paz, la convivencia pacífica, y fomentando el desarrollo sostenible y justicia social de la región. Ningún país puede enfrentar estos desafíos por sí solo. Por eso es necesario que las y los líderes de las naciones tomen una seria iniciativa para responder a este desafío, llegando a firmes acuerdos y cumplimiento con los compromisos internacionales a los que están suscritos. En este sentido, la cooperación multilateral es un agente transformador para enfrentar los desafíos de la movilidad humana.

Precisamente para avanzar en esta línea, las Naciones Unidas brindan acompañamiento técnico a los países, en aras de respetar, proteger y hacer realidad todos los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes. Además, en los casos que así se requiere, como durante crisis humanitarias relacionadas con la masividad de los movimientos de personas, brinda asistencia humanitaria complementaria a la acción de los Estados.

En el 2016, estos pidieron a Naciones Unidas, fortalecer y mejorar los mecanismos de protección de las personas en movilidad humana. En virtud de ello, surgen dos Pactos Globales: el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre Refugiados. Honduras no solamente es país signatario, sino también un precursor del primero; además, hospedó la Conferencia que dio origen al capítulo regional del segundo: el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS).

Los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Honduras, en dichos marcos, son una guía para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, en la protección mediante el asilo de las personas que así lo requieran y en la gobernanza de la migración para reducir los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan las personas migrantes y refugiadas en las diferentes etapas de su viaje. Asimismo, son guía para crear condiciones propicias que permitan a estas personas a integrarse y aportar en sus comunidades de acogida.

Durante visitas recientes a la frontera sur y occidente del país, dialogamos con personas que forman parte de los flujos mixtos en tránsito por Honduras que nos contaban sobre su trayecto y los desafíos que iban encontrando en el camino. También nos contaban sobre la atención que han recibido en Honduras, algunas de ellas destacando el buen trato recibido en los centros de atención, como ser el Centro de Atención al Migrante Irregular (CAMI) en Danlí y el Centro de Alojamiento Temporal en Trojes, los cuales se han habilitado con apoyo de Naciones Unidas. Sin embargo, la magnitud del movimiento, las necesidades de la población y los desafíos a los que se enfrentan han incrementado.

Hemos dado seguimiento cercano a la situación de flujos mixtos desde el incremento de personas en tránsito en el 2022. A través del trabajo conjunto y coordinado con el Estado, la sociedad civil, y la Red Humanitaria, compuesta por más de 50 organizaciones y liderada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales y Naciones Unidas, se ha dado un gran paso en cuanto a infraestructura, capacidades e información que se brinda a las personas refugiadas y migrantes en tránsito.  

Esto evidencia que con el apoyo de todas las partes podemos transformar y avanzar en una respuesta solidaria en favor de esta población. La movilidad humana no debe significar la pérdida de derechos. Las personas deben estar en el centro de las decisiones que les afectan y así aspirar a convertir a la migración en una opción y no una necesidad, así como asegurar que quienes se ven forzados a huir, encuentren un lugar seguro en donde reconstruir sus vidas. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se alcanzarán sin tener debidamente en cuenta la movilidad humana.

Desde Naciones Unidas, a través de nuestro Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2022-2026 y con la Agenda 2030 como guía, seguimos comprometidos con trabajar junto a las autoridades nacionales para: establecer rutas migratorias seguras, reguladas y ordenadas; impulsar la flexibilización y aplicación de medidas de regularización migratoria; fortalecer el sistema de asilo; y establecer mecanismos de recepción efectivos y diferenciados, entre otras medidas que prevengan la pérdida de vidas y garanticen el pleno respeto de los derechos de las personas en movimientos mixtos. Hechos como el de Ciudad Juárez no pueden volver a ocurrir.

Como menciona el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres: “Juntos, y sólo juntos, podemos salvaguardar nuestra humanidad y garantizar los derechos y la dignidad de todas y todos”.