El Sistema de Naciones Unidas en Honduras hace un llamado a la justicia para investigar y aplicarla la ley a las personas responsables en llevar a cabo los asesinatos de defensores de derechos humanos

El Sistema de Naciones Unidas en Honduras cumpliendo uno de los objetivos centrales en mantener la paz y la seguridad internacional, expresa su preocupación y apela a la justicia para investigar y aplicarla la ley a las personas responsables en llevar a cabo los asesinatos de Soraya Álvarez, mujer trans defensora de derechos humanos de Arcoiris, en el municipio de Dulce Nombre de Culmí en Olancho, y del líder campesino y defensor de derechos humanos José David Fortín, secretario de la Cooperativa Campesina Tarros, en el Valle del Aguán, ocurridos el 23 y el 25 de septiembre, respectivamente.

Estos hechos suceden una semana después de los atentados contra la defensora de derechos humanos garífuna, y Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda, ocurridos el pasado 19 de septiembre, y de la agresión contra el defensor de derechos humanos y de la tierra, el territorio y el medio ambiente, José Ramiro Lara Zavala, integrante de ASONOG, acontecidos el 15 del mismo mes, los cuales también deben ser investigados.

En el caso de Miriam Miranda, las agresiones suceden a pesar de que ella es beneficiaria de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011, lo cual es particularmente preocupante y reafirma la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y esfuerzos colaborativos para ello.

Instamos a las autoridades hondureñas a realizar unas investigaciones diligentes y sancionar a las personas responsables, así como garantizar la protección de Miriam Miranda, José Ramiro Lara Zavala, la de sus familias y organizaciones, y las de Soraya Álvarez y José David Fortín.

Las personas defensoras de derechos humanos tienen un papel clave en la protección y promoción de estos, contribuyendo de forma decisiva a la toma de conciencia y la mejora permanente de los mecanismos institucionales, en beneficio de la sociedad y el Estado hondureños. La protección de sus vidas y su trabajo es fundamental que para el estado de derecho y el goce de derechos humanos de la población hondureña.