El Premio reconoce cada año a dos galardonados por sus esfuerzos excepcionales en la educación de niñas y las mujeres. Cada galardonado recibirá un premio de 50 000 dólares de los Estados Unidos.¿Estás impulsando un cambio transformador en la educación de niñas y mujeres? Si es así, ésta es tu oportunidad para presentar tu iniciativa y convertirte en galardonado del prestigioso Premio UNESCO de Educación de las Niñas y las Mujeres. Hoy en día, 133 millones de niñas siguen sin ir a la escuela y las mujeres siguen representando casi dos tercios de los adultos que no saben leer. Esto ocurre a pesar de los avances significativos logrados en las últimas décadas para hacer realidad el derecho a la educación de las niñas y las mujeres. Sabemos que el género, combinado con otros factores como las normas culturales y los estereotipos, la riqueza, la etnia o la ubicación, sigue impidiendo que las niñas y las mujeres alcancen su pleno potencial en todo el mundo. La igualdad de género debe estar en el centro de los planes, presupuestos y políticas de educación, como parte del compromiso de transformar la educación para construir sociedades más equitativas. En la práctica, esto significa promover la igualdad de género en los planes de estudio y las pedagogías, crear espacios de aprendizaje seguros, inclusivos y transformadores, apoyar la colaboración entre sectores y generaciones e invertir en los más marginados.¿Quiénes pueden participar?Las candidaturas las presentan los gobiernos de los Estados Miembros de la UNESCO o las organizaciones no gubernamentales (ONG) en relaciones oficiales con la UNESCO. Pueden nominar hasta tres personas, instituciones u organizaciones que hagan contribuciones fuertes e innovadoras a la educación de las niñas y las mujeres. Las autocandidaturas no son posibles.Los candidatos interesados pueden ponerse en contacto con la Comisión Nacional o la Delegación Permanente de su país ante la UNESCO, una ONG que mantenga relaciones oficiales con la UNESCO o la Secretaría del Premio para recibir más información.¿Qué debe presentarse?Las candidaturas deben cumplir con los criterios de elegibilidad y selección definidos por el Premio. Los proyectos nominados deben estar establecidos y en funcionamiento desde al menos dos años y demostrar potencial para ser replicables y escalables. Un jurado internacional independiente integrado por cinco especialistas evaluará las nominaciones en función del potencial de repercusión, innovación y sostenibilidad del proyecto.Más sobre el proceso de selección¿Cuándo?La fecha límite para presentar las candidaturas es el 12 de mayo de 2026 (a medianoche, hora de París).¿Cómo?Las candidaturas deben presentarse en inglés o en francés por medio de una plataforma en línea, a la que solo pueden acceder las Comisiones Nacionales ante la UNESCO/Delegaciones Permanentes ante la UNESCO y las ONG en relaciones oficiales con la UNESCO.En base a las recomendaciones del jurado, el Director General de la UNESCO anunciará los galardonados de la edición 2026, que recibirán el premio el 9 de octubre de 2026 en la ocasión de las celebraciones del Día Internacional de la Niña.ContactSi tiene alguna pregunta, contáctenos: GWEPrize@unesco.org.Premio UNESCO de educación de las niñas y las mujeresTrabajo inspirador de nuestros galardonadosIgualdad de género y educación

  En las cercanías del Merendón, una de las cadenas montañosas más importantes del norte de Centroamérica, con un abundante bosque tropical y a espaldas del océano Atlántico, se encuentra el municipio de Choloma, una de las ciudades más pobladas de Honduras. A simple vista, pareciera ser solo una comunidad que se levanta en medio de las grandes industrias, pero destaca por la amabilidad y hospitalidad de su pueblo. Sin embargo, cada uno de sus rincones, revela una constante lucha contra la desigualdad y la violencia, pero sobre todo, cómo la resiliencia de su gente ha construido espacios que protegen y que consolidan la paz.Durante muchos años, colonias de Choloma como La Victoria, Las Pilas, Río Blanquito y la López Arellano, han vivido entornos marcados por la violencia, el desplazamiento forzado, la migración irregular y, pese a estar en una de las zonas más industrializadas del país, enfrentan limitadas oportunidades de empleo para la juventud y un alto riesgo de reclutamiento por parte de grupos criminales. Ante este contexto, adolescentes y jóvenes crecen con pocas alternativas para acceder a espacios seguros, acompañamiento emocional o formación técnica, que les permitan construir proyectos de vida lejos de los riesgos de la violencia.Historias como la de Carla Patricia Martínez reflejan el impacto humano del fortalecimiento de los Centros de Alcance Juvenil (CDAJ). Se ha convertido en un referente para otras mujeres gracias a su labor voluntaria como instructora del curso de uñas acrílicas en el CDAJ. A través de su acompañamiento, mujeres de la comunidad han adquirido nuevas habilidades, fortalecido su autoestima y dado los primeros pasos hacia el emprendimiento y el empoderamiento económico.Carla asumió responsabilidades para contribuir al sustento de su hogar. Junto a su padre, un emprendedor que enfrentó numerosos desafíos tras nacer con una discapacidad física, aprendió que la perseverancia y el trabajo podían abrir oportunidades incluso en contextos adversos. Esa experiencia marcó su decisión de salir adelante y convertirse en una mujer emprendedora.Hoy, Carla comparte ese aprendizaje con otras jóvenes de su comunidad, demostrando que, cuando se abren espacios y se brindan oportunidades, las mujeres pueden desarrollar su potencial y construir proyectos de vida dignos. “Antes era difícil pues no contábamos con espacios para aprender, pero ahora ya no hay excusa de que nosotras podamos decir no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Cuando se nos brinda una oportunidad nosotras las mujeres podemos capacitarnos y salir adelante. Agradecemos al proyecto y a la comunidad”. Carla Martínez, Estructura Curso Uñas Acrílicas en CDAJ La Victoria, Choloma. Frente a esta realidad, y apoyándose en el espíritu de voluntariado de la comunidad, surgieron los CDAJ, espacios que durante años funcionaron como lugares de apoyo, recreación y orientación para la juventud. No obstante, al operar principalmente con recursos propios, enfrentaban limitaciones logísticas y técnicas que dificultaban responder a la creciente demanda de los jóvenes.Gracias al apoyo del proyecto “Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna, Pacífica e Inclusiva en el Norte de Centroamérica”, del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en inglés), se fortalecieron cinco de estos centros, que actualmente ya se encuentran bajo la administración de la municipalidad. Como efecto catalítico del proyecto, la municipalidad destinó 480 mil lempiras para mejoras en la infraestructura de los centros, reforzando su sostenibilidad y capacidad de atención a largo plazo.En total los CDAJ acogen al rededor de 300 jóvenes al mes. Este fortalecimiento ha consolidado servicios de apoyo psicológico, formación profesional , vocacional y herramientas para la prevención de conflictos. Los CDAJ se posicionan como mecanismos efectivos de protección y reintegración en estas comunidades, ampliando sus servicios educativos y de formación profesional, modernizando sus procesos y consolidándose como espacios seguros para la juventud gracias al esfuerzo conjunto entre la municipalidad de Choloma, líderes y lideresas de la comunidad, junto a las agencias implementadoras del proyecto: el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el apoyo financiero del PBF.Acompañamiento psicosocial y herramientas para la convivencia pacíficaLos CDAJ brindan atención psicológica, espacios recreativos y un módulo de prevención de conflictos que fortalece el bienestar de los jóvenes, rompe con estereotipos de género y mejora la capacidad de gestionar sus emociones.  “La verdad no le veo que la barbería tenga género; tenemos las mismas capacidades que los hombres. Invito a las mujeres a que no desanimen porque somos muy inteligentes y aprendemos rápido”. María Campos,beneficiaria del CDAJ, Río Blanquito .Estos servicios, según palabras de las y los beneficiarios como María, se han convertido en un apoyo fundamental para contrarrestar los efectos de la violencia, la discriminación o riesgos asociados a la migración irregular o desintegración familiar.Por otro lado, la coordinación entre ACNUR, PNUD y la OIM permite fortalecer iniciativas orientadas a la cohesión social, promoviendo la integración, la convivencia pacífica y el sentido de pertenencia entre jóvenes y comunidades. A través de actividades formativas, culturales y de participación comunitaria, el CDAJ se consolida como un espacio que fomenta el diálogo participativo, la inclusión y la corresponsabilidad, contribuyendo a la  prevención de la violencia y a la construcción de entornos más seguros y resilientes. "Como coordinador, es muy gratificante ver cómo la metodología ‘Desafío soñar mi vida’ ayuda a los participantes a reconocer sus fortalezas, identificar sus debilidades y descubrir nuevas oportunidades. Así nos damos cuenta de cómo este proceso impulsa a la juventud a integrarse en los cursos y también en su comunidad". Germán Pérez, Coordinador del CDAJ, de Las Pilas.Formación que abre oportunidades  Hoy, los Centros de Alcance Juvenil de La Victoria, Las Pilas, Río Blanquito y López Arellano se han convertido en espacios donde las y los jóvenes pasan de la incertidumbre a la construcción de proyectos de futuro con el desarrollo de habilidades prácticas en áreas como barbería, belleza orientada al cuidado de las uñas y el cabello, ofimática y diseño e impresión 3D.Este enfoque integral fortalece la protección y la reintegración social y económica de jóvenes previamente expuestos a contextos de violencia y migración irregular. Más allá de la cifra, estos jóvenes representan una masa crítica de cambio: jóvenes que hoy se vinculan a entornos positivos, fortalecen la cohesión comunitaria y se convierten en referentes de convivencia pacífica en sus comunidades. 
“Cada día que despierto y vengo aquí me siento muy feliz, porque comparto momentos con mis compañeras y con mis maestras; esa misma alegría la voy a sentir cuando abra mi  negocio de belleza”.  Katherine Curry, beneficiaria del CDAJ, López Arellano.
  "Desde la Municipalidad de Choloma trabajamos de la mano con los Centros de Alcance Juvenil y con aliados como la OIM, el ACNUR y el PNUD para fortalecerlos, abrir más oportunidades para nuestra juventud y hacer que se sientan parte de su comunidad, Este trabajo conjunto busca también concientizarles sobre los riesgos de la migración irregular y reafirmar que su futuro puede construirse aquí".  Gustavo Mejía, Alcalde de Choloma.Financiado por el PBF, el proyecto “Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna, Pacífica e Inclusiva en el Norte de Centroamérica” se implementó en Honduras entre enero de 2024 y diciembre de 2025, con el objetivo de fortalecer la protección y la reintegración sostenible de personas migrantes retornadas y con necesidades de protección, así como de comunidades afectadas por la violencia, el desplazamiento forzado y la migración irregular.El proyecto es implementado en Honduras, Guatemala y El Salvador por PNUD, la OIM y la ACNUR, en coordinación con autoridades nacionales y locales y organizaciones de la sociedad civil. Desde un enfoque regional, la iniciativa busca mejorar la coordinación entre los gobiernos del Norte de Centroamérica para abordar de manera conjunta los desafíos asociados a la movilidad humana, promoviendo el desarrollo y la cohesión social como pilares para la paz.

 “Al inicio, las personas adultas de nuestro propio barrio no confiaban en nosotros”, recuerda Ester Anai, de 18 años, del barrio Nueva Capital, una comunidad vulnerable ubicada en las afueras de Tegucigalpa y marcada por el control de grupos criminales. “Creían que, por ser jóvenes y por la fama del barrio, éramos parte del problema”. Durante años, jóvenes como Ester fueron vistos más como un riesgo que como agentes de cambio. La violencia, el estigma y el miedo profundizaron la distancia entre generaciones, mientras la ausencia de espacios seguros empujó a muchos adolescentes y jóvenes a permanecer encerrados en sus casas, como una forma de protegerse del reclutamiento forzado y, en muchos casos, del desplazamiento forzado.Esta realidad comenzó a transformarse cuando Ester se integró a los talleres del proyecto Protegiendo Mi Barrio, implementado por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y Save the Children, con el apoyo financiero del Fondo de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (PBF, por sus siglas en inglés), con una inversión de USD 2 millones. Allí, Ester encontró un espacio donde pudo expresarse libremente y ser escuchada. “Si no fuera parte de la red juvenil, probablemente seguiría sola en casa todo el día”, cuenta. “Ahora participo en actividades deportivas y practico boxeo. Eso me ayuda a liberar el estrés y a mantenerme enfocada”.Con el tiempo, estas actividades dejaron de ser únicamente recreativas y se convirtieron en una herramienta para fortalecer el tejido comunitario. Las y los jóvenes comenzaron a visitar a sus vecinos, a organizar juegos comunitarios y a generar espacios seguros de encuentro entre personas adultas y jóvenes para dialogar sobre los problemas del barrio. “Al principio, las madres y los padres no sabían qué esperar”, explica Ester. “Pero cuando vieron que organizábamos actividades para sus hijos e hijas y recuperábamos espacios públicos que antes estaban abandonados, empezaron a confiar. Hoy nos invitan a sus reuniones y nos preguntan cómo pueden apoyar”.Actualmente, Ester y otros miembros de su red participan activamente en reuniones de protección comunitaria y en espacios de diálogo con autoridades locales, aportando ideas para mejorar la seguridad en su entorno.  “Cuando otros jóvenes me ven participar, sienten curiosidad y quieren sumarse”, dice. “Todas y todos queremos ver a nuestra comunidad cambiar para bien”.En Honduras, muchas personas jóvenes crecen en contextos marcados por la violencia, la exclusión y la falta de oportunidades. En barrios como San Miguel y Nueva Capital, la ausencia de espacios seguros y la amenaza constante obligan a niños, niñas y adolescentes a limitar su movilidad, abandonar la escuela para evitar zonas controladas por grupos criminales o incluso considerar huir de sus comunidades para escapar de amenazas de reclutamiento forzado o extorsión.Estas dinámicas han provocado miles de casos de desplazamiento forzado. Entre 2004 y 2018, se estima que 247,000 personas fueron desplazadas internamente por la violencia en Honduras, y el 43 % eran niños, niñas y adolescentes, según un estudio nacional realizado por las autoridades hondureñas con el apoyo de ACNUR y Joint IDP Profiling Service (JIPS). Muchas de estas personas jóvenes estuvieron expuestas directamente a amenazas, extorsión o reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.A través del proyecto Protegiendo Mi Barrio, jóvenes de zonas de alto riesgo se han organizado para fortalecer la seguridad comunitaria, impulsando actividades como jornadas de limpieza, murales, festivales culturales y espacios de mentoría para la niñez y adolescencia. Más allá del arte y el deporte, estas redes juveniles identificaron zonas inseguras, promovieron acciones colectivas para habilitar espacios seguros, mejoraron el alumbrado público, recuperaron áreas comunitarias y facilitaron el diálogo entre vecinos y autoridades locales. Al transformar los espacios públicos y promover la conversación, contribuyeron a reducir tensiones y a reconstruir la confianza, sentando las bases para comunidades más pacíficas. Como resultado, se crearon y fortalecieron diez redes juveniles en comunidades afectadas por la violencia en Tegucigalpa, La Ceiba, San Pedro Sula y Choloma, que impulsan herramientas de prevención del conflicto mediante arte, grafiti y deportes como boxeo y fútbol, previniendo el reclutamiento forzado y promoviendo la paz, al tiempo que fortalecen el liderazgo juvenil y garantizan que sus voces sean escuchadas en la toma de decisiones locales. Estas redes participan activamente en espacios locales de toma de decisiones, incluyendo la formulación de Planes Municipales de Acción para la Prevención de la Violencia, comités de seguridad comunitaria y el Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Como resultado de esta articulación, propuestas impulsadas por las juventudes fueron integradas en el Plan Operativo 2025 del Consejo del Distrito Central, que asignó 400,000 lempiras para su implementación. Kendy, de 20 años, del barrio San Miguel —otra comunidad controlada por grupos criminales— también forma parte de una de estas redes. Para él, integrarse marcó un antes y un después. “Ser parte de la Red Juvenil Presión me ayudó a crecer, a fortalecer mi autoestima y a imaginar mi futuro de otra manera”, cuenta. “Me dio claridad sobre lo que quiero hacer, y por eso decidí estudiar Trabajo Social, para seguir apoyando a mi comunidad”.Antes de sumarse, Kendy se sentía inseguro sobre su futuro. Hoy participa activamente en la organización de actividades comunitarias y encuentros juveniles donde se identifican necesidades locales y se proponen soluciones concretas, como la creación de rutas seguras para niñas y niños que caminan hacia la escuela o los centros comunitarios. A través de estos espacios de consulta, la red de San Miguel contribuyó a la elaboración del Plan Local de Paz y Convivencia, logrando que propuestas como la mejora del alumbrado público y la rehabilitación de una cancha deportiva fueran incorporadas y financiadas con fondos municipales. El plan también priorizó talleres de emprendimiento y habilidades digitales para jóvenes, en coordinación con la Oficina Municipal de la Juventud, el gobierno local y las instituciones estatales de protección.“Antes pensábamos que no podíamos cambiar nada”, reflexiona Kendy. “Hoy sabemos que cada acción cuenta. Ya no nos ven solo como un peligro, y eso nos impulsa a seguir”.Este sentido de propósito compartido ha motivado especialmente a mujeres jóvenes a asumir roles de liderazgo. Más de la mitad de las 101 personas jóvenes que integran las redes juveniles son mujeres, muchas de las cuales hoy lideran grupos comunitarios y participan activamente en espacios de diálogo con madres, padres y autoridades. El impacto también se refleja a nivel institucional: los gobiernos municipales de Tegucigalpa (Distrito Central), San Pedro Sula y Choloma coordinan ahora directamente con las redes juveniles para integrar sus propuestas en planes locales de seguridad y convivencia. A nivel nacional, el proyecto fortaleció la articulación con la Comisión Interinstitucional para la Prevención del Desplazamiento Forzado (CIPPDV), que ha reconocido a estas redes como una buena práctica de prevención comunitaria de la violencia. “Construir paz no es solo reducir la violencia, sino reconstruir la confianza entre comunidades e instituciones”, señaló Kathryn Lo, Representante de ACNUR en Honduras. “En varios barrios hemos visto cómo madres, padres y autoridades trabajan junto a las redes juveniles en acciones de prevención, algo impensable hace algunos años. Jóvenes que antes eran excluidos hoy lideran procesos de cambio, conectan generaciones y articulan a distintos actores”. Desde Save the Children Honduras, Mariano Planells, Director Ejecutivo, destacó que, a través de Protegiendo Mi Barrio, más de 650 niños, niñas y jóvenes han participado en procesos de formación, mentoría e iniciativas comunitarias que ofrecen alternativas reales a la violencia. En San Miguel, líderes comunitarios perciben una reducción sostenida de muertes violentas entre jóvenes en los últimos dos años, generando un clima comunitario más favorable para que la juventud prospere y contribuya positivamente.Con el apoyo financiero del Fondo de Consolidación de la Paz, a través de la Comisión Nacional de Deportes (CONDEPOR), las iniciativas lideradas por jóvenes se han consolidado como un ejemplo institucionalizado de prevención comunitaria de la violencia. La apertura de instalaciones deportivas públicas y la asignación de personal y entrenadores voluntarios como parte de la programación regular de CONDEPOR reflejan apropiación nacional y sostenibilidad, asegurando que los avances del proyecto continúen más allá de su duración.Para Ester y Kendy, este respaldo se traduce en cambios concretos. Ester hoy participa activamente en su comunidad y es escuchada por personas adultas que antes desconfiaban. Kendy trabaja para que otros niños y niñas crezcan en entornos más seguros. Sus historias muestran que, cuando la juventud cuenta con apoyo institucional y comunitario, la paz comienza a construirse desde las comunidades, creando entornos más seguros para todas las personas.Esta historia se enmarca en el proyecto Protegiendo Mi Barrio, financiado por el PBF, que en Honduras cuenta con una inversión de USD 15.4 millones, distribuida en una cartera de siete proyectos vinculados al diálogo y la prevención de conflictos, la participación ciudadana, y el acceso a la justicia y los derechos humanos.